Las últimas semanas han puesto sobre la mesa dos temas que repercuten directamente en la seguridad de quienes disfrutan la naturaleza y en la gestión ambiental del país. Por un lado, la tragedia ocurrida en Torres del Paine abrió un debate sobre los protocolos de seguridad, la presencia institucional en rutas de montaña y la capacidad de anticipación frente a fenómenos climáticos severos. Por otro, la transformación profunda que vive el sistema forestal chileno con la creación del nuevo Servicio Nacional Forestal (Sernafor) y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) marca un punto de inflexión en la administración de ecosistemas y áreas protegidas.
Ambos hechos reflejan un escenario donde preparación, institucionalidad y gestión del riesgo se vuelven esenciales para proteger tanto a las personas como al patrimonio natural.
1. Tragedia en Torres del Paine: un llamado urgente a revisar protocolos de seguridad
El Parque Nacional Torres del Paine es uno de los destinos más exigentes y reconocidos para el trekking en el mundo. Sin embargo, una tormenta de características excepcionales afectó el circuito Macizo Paine, generando condiciones extremas: vientos intensos, nieve densa, temperaturas bajo cero y escasa visibilidad. Estas condiciones provocaron la muerte por hipotermia de cinco turistas, cuyas identidades fueron confirmadas posteriormente por las autoridades.
Los peritajes indicaron que las víctimas se enfrentaron a un escenario donde la sensación térmica y la velocidad del viento hacían casi imposible la búsqueda de refugio. El testimonio de un sobreviviente, quien relató que “no podía respirar por el hielo”, describe la severidad del fenómeno.
La situación se agravó por la ausencia de guardaparques en una de las zonas más críticas del circuito. Según investigaciones, los funcionarios habían descendido para votar y no retornaron antes del inicio de la tormenta, hecho que dejó el sector sin supervisión en el momento más delicado. Esto abrió cuestionamientos sobre la continuidad operativa de los equipos de seguridad, las medidas preventivas para turistas extranjeros y la eficacia de los sistemas de alerta ante pronósticos adversos.
2. Nace una nueva estructura: Sernafor y SBAP redefinen la gestión ambiental
En paralelo, Chile avanza en una modernización institucional largamente discutida: la transformación de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en dos nuevos organismos públicos con funciones claras y separadas. La promulgación de la ley que crea el Servicio Nacional Forestal (Sernafor) marca el fin de la condición jurídica de CONAF como corporación de derecho privado, dando paso a una institución estatal con personalidad jurídica, patrimonio propio y un mandato reforzado en la prevención y combate de incendios forestales, restauración de bosques y fiscalización del uso de la vegetación.
De forma complementaria, la gestión de biodiversidad y la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas comenzarán a ser transferidas al nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), dependiente del Ministerio del Medio Ambiente. Este organismo concentrará responsabilidades como la conservación de ecosistemas, la regulación del uso de áreas protegidas, la educación ambiental y la planificación de corredores biológicos.
Esta separación funcional entre Sernafor y SBAP busca ordenar competencias históricamente entrelazadas, permitir una gestión más eficiente y enfrentar desafíos como incendios más intensos, presión turística creciente, delitos ambientales y la degradación de ecosistemas prioritarios.
La directora ejecutiva de CONAF calificó este proceso como “un nuevo comienzo”, enfatizando que el fortalecimiento institucional permitirá responder con mayor eficacia a las demandas ambientales y climáticas del país.
La tragedia en Torres del Paine y la creación de Sernafor y SBAP configuran un momento de reflexión profunda. Por un lado, evidencian los riesgos asociados a la actividad outdoor en escenarios climáticamente extremos y la necesidad de contar con protocolos sólidos. Por otro, muestran un país que reestructura su institucionalidad ambiental para enfrentar incendios, proteger hábitats y administrar sus áreas protegidas con criterios modernos.
La seguridad en la naturaleza y la conservación de los ecosistemas avanzan de manera conjunta. Ambos procesos, aunque distintos, apuntan a un mismo objetivo: proteger a las personas y al territorio con mayor preparación y mejores herramientas de gestión.